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lunes, 22 de julio de 2013

                                                      NOTA DE PRENSA
                                           Mesa Defensorial Puerto Suárez


LA MESA DEFENSORIAL PUERTO SUÁREZ CONDENA ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES Y CIUDADANOS QUE FACILITARON LA SALIDA IRREGULAR DEL PAÍS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES Y SEÑALA QUE HARÁ SEGUIMIENTO AL CASO.

Entre los meses de Enero y febrero de este año, niños, niñas y adolescentes entre las edades de 2 y 17 años habrían cruzado la frontera de Arroyo Concepción, rumbo a Brasil, con documentos irregulares emitidos por una organización de la que participaban tres funcionarios judiciales, entre ellos un juez, y ciudadanos vivientes de Puerto Suárez, según la información a la que accedieron funcionarios de la Mesa Defensorial de Puerto Suárez.
A raíz de la investigación iniciada por el Ministerio Público, por la presunta comisión de delito de trata y trafico de personas, Ayer fueron aprehendidos cincos personas identificadas en este hecho que se constituye en un atentado contra la dignidad, libertad y la integridad física sexual, y Psicológica de los 28 menores  que salieron del País en este periodo de tiempo, y que por las condiciones en las que fueron trasladados a la República Federativa de Brasil podrían ser victimas de explotación sexual, explotación laboral, tráficos de órganos u otros delitos.
La mesa Defensorial Puerto Suárez, condena este hecho y advierte sobre las serias falencias en la Casa de Justicia de Puerto Suárez,toda vez que el Juez, el Secretario y el Oficial de Diligencia del Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia siendo los principales responsables de velar por la seguridad y protección de la niñez y adolescencia en toda autorización de viaje al exterior, resultan ser presuntos participantes de la organización que operaba permanente en Puerto Suárez, por lo que en el marco de la tarea de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, hará seguimiento riguroso a este caso ya que la trata y trafico de personas se constituye en una de las mayores y más crueles violaciones a los Derechos Humanos. 

                                       Puerto Suárez, 18 de julio de 2013


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